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Boletin febrero 2017
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Retos  y 0portunidades para 2017
Agenda Global


Sandra Guzmán Luna, Fundadora y Coordinadora de la Agenda Global del GFLAC 
@san_lunag

Los cambios en el contexto político como la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, traen importantes retos para la agenda global en materia de cambio climático.  Por ello durante 2017 reforzaremos la acción en dos principales escenarios:
  • Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático: En el marco de la Convención seguiremos monitoreando las negociaciones en materia de  financiamiento climático  y transparencia, además de que reforzaremos la acción en el campo de la agenda de adaptación.
Para alcanzar los objetivos en materia de financiamiento, seguiremos acompañado el trabajo del Comité Permanente de Financiamiento y del Fondo Verde del Clima. Además, como temas claves, seguiremos de cerca la negociación para la definición de la ruta de financiamiento de largo plazo, la definición de modalidades de contabilidad del financiamiento climático, así como el fortalecimiento en la operación del Fondo de Adaptación. Un aspecto muy importante será la conexión de la ruta de trabajo entre el financiamiento climático y el financiamiento para el desarrollo.
De igual forma daremos puntual seguimiento a la construcción del marco de transparencia en miras a cimentar la confianza necesaria para mejorar el entendimiento del financiamiento climático y su efectivo manejo.
Nuestra misión es colaborar con los diversos grupos de negociación, pero apoyar en especial a los países de la región.
  • Objetivos de desarrollo sustentable (ODS): a lo largo de los últimos años,  el GFLAC ha seguido de cerca la discusión de los ODSs y en particular del Objetivo 13 relativo a cambio climático. Este año nuestra misión es reforzar el apoyar al entendimiento y la construcción de los puentes sobre estas agendas desde la visión del financiamiento.
 
Para el GFLAC es fundamental que la agenda climática y la de desarrollo funcionen y trabajen de manera coordinada para alcanzar de manera efectiva todos los objetivos, evitando sacrificar el alcance de unos por la atención de otros. En este sentido se promoverá un esquema en el que el financiamiento se incremente en ambas agendas y se ejecute de manera efectiva. Esto es que la ayuda oficial al desarrollo se incremente para cobijar, tanto al cambio climático como a otros objetivos y buscar con ello esfuerzos adicionales para atender el cambio climático que profundiza los problemas de desarrollo.
 
Este año el GFLAC también buscará apoyar el trabajo alrededor del G20, con el objetivo de seguir impulsando la inclusión del cambio climático en este contexto y alcanzar con ello las conexiones necesarias para el cumplimiento del Acuerdo de París. 
Agenda Regional

Paula Fuentes Merino, Coordinadora de la Agenda Regional del GFLAC
@Paula_FuentesM
A nivel regional uno de los mayores desafíos y oportunidades que hemos planteado para este año será el acompañamiento en los procesos de implementación de las NDC, las que al tener una gran diversidad de contenidos y metas, exigen un acucioso monitoreo con el objeto de evaluar si cuentan con los elementos mínimos necesarios para colocar a la región en la ruta hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
 
Con base a los estudios realizados desde el GFLAC[1], hemos identificados la necesidad de que las NDCs no sólo mejoren su nivel de ambición, sino que además establezcan compromisos claros en materia de financiamiento y promuevan espacios incluyentes y participativos de relacionamiento entre los actores involucrados en su desarrollo e implementación.

En este contexto, desde el GFLAC nos encontramos impulsando la creación de un Observatorio Regional de NDCs, que funja como espacio de monitoreo desde la sociedad civil y que pueda aportar en el fortalecimiento y puesta en marcha de estas Contribuciones, a través del desarrollo de metodologías de evaluación que considere la diversidad de necesidades y realidades locales de los países de nuestra región, los derechos humanos y perspectiva de género.

Con esto buscamos promover la creación de un espacio de diálogo entre sociedad civil, gobierno y otros actores que permita aumentar el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas para el desarrollo, evaluación y seguimiento de las NDCs en la región.

Con miras a lo anterior, buscaremos continuar el trabajo que ya hemos venido desarrollando con nuestros puntos focales y aliados. 
 

[1] INDCs y participación ciudadana en América Latina
PDF: https://es.scribd.com/doc/293484148/INDCs-y-Participacion-Ciudadana-LAC
Campaña: http://eepurl.com/bKdkpn
INDCs y financiamiento climático en América Latina y el Caribe
PDF: https://es.scribd.com/doc/293484673/INDCs-y-FC-en-LAC
Campaña: http://eepurl.com/bKe2ML

 
 
Agendas Nacionales


Mariana Castillo Camarena, Coordinadora de las Agendas Nacionales del GFLAC
@marianacascam
El Acuerdo de París hoy ya ratificado por 133 Partes, representa retos para los países que deberán implementarlo. Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) establecidas por los países, deberán traducirse en rutas de acción claras, con metas y acciones concretas en materia de adaptación y mitigación. El reto está en contar con medidas acordes a la realidad de cada país, y que reflejen sus capacidades y necesidades, pero a la vez ser lo suficientemente ambiciosas para cumplir con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2oc, e idealmente del 1.5 oc. 
 
El financiamiento climático es un recurso importante que les va a permitir a los países actuar y alcanzar sus compromisos en materia de mitigación y adaptación establecidos en sus NDC. Tener claridad sobre los costos de las medidas establecidas, así como de los recursos disponibles es un ejercicio que los países deben llevar a cabo de manera prioritaria y periódica, para identificar las brechas de inversión.
 
En este sentido, el GFLAC continuará aplicando a nivel nacional su metodología de análisis sobre los flujos de financiamiento internacional que los países reciben bilateral y multilateralmente, así como los flujos de recursos que se asignan vía sus presupuestos públicos para combatir al cambio climático, tanto para reducir emisiones como para reducir vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los impactos derivados del cambio climático. En los nueve países de la región (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay Perú)  en donde la metodología ha sido aplicada, se acompañarán los esfuerzos de los puntos focales para avanzar en las implementación de las recomendaciones derivadas de los análisis y de los ejercicios multi actor que se han llevado a cabo.
 
Asimismo, el GFLAC  continuará trabajando en los países de la región para promover la creación de mecanismos nacionales de medición, reporte y verificación para el financiamiento climático.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Vania Montalvo,  Coordinadora del Programa de Integridad en el Financiamiento Climático de Transparencia Mexicana y Co-coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas del GFLAC
@VaniaMontalvo
El Acuerdo de París establece en sus artículos 9.º y 13.º dos elementos clave para avanzar en la agenda de transparencia y gobernanza del cambio climático y su financiamiento. Estos artículos comprometen a los miembros de la Convención a que implementen mecanismos de transparencia que permitan conocer y rastrear con claridad qué recursos se reciben y destinan para acciones de mitigación y adaptación ante este fenómeno climático.
 
En ese sentido, el Acuerdo de París generó una nueva oportunidad de diálogo entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y otros actores, para definir cómo alcanzar estas metas de transparencia y financiamiento que establece el Acuerdo.
 
Hasta la fecha, diversos países de la Convención han creado propuestas y avanzando en iniciativas para crear y fortalecer estos marcos de transparencia. La formulación de políticas climáticas a nivel nacional, la creación de estrategias de financiamiento, el establecimiento de mecanismos financieros que canalicen los recursos destinados a acciones de mitigación, adaptación y/o ambos; entre otras.
 
Todas estas acciones cuentan para el cumplimiento y progreso del marco de transparencia del Acuerdo de París. Sin embargo, existen grandes retos a nivel nacional y regional para lograr que estas políticas e instrumentos se armonicen y puedan ser aprovechadas en su totalidad. El GFLAC, a lo largo de estos años, ha identificado diversos retos para que la contabilización, armonización y coordinación de estos instrumentos, fortalezca la transparencia y rendición del financiamiento destinado para cambio climático.
 
En ese sentido, una de las prioridades para este año es la discusión sobre la creación de sistemas de Medición, Reporte y Verificación del financiamiento para cambio climático en los países. Estos sistemas pueden ser una pauta estratégica para contabilizar, ordenar, concentrar, publicar y abrir, toda la información asociada a los flujos financieros públicos, privados e internacionales que acontecen en el financiamiento del cambio climático. Construir metodologías y estrategias para contabilizar el financiamiento climático de un país no es una tarea fácil, sin embargo, lo que es claro es que si no se incluyen en la ecuación los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas e integridad, se corre el riesgo de que los volúmenes de financiamiento para cambio climático, no puedan ser conocidos por las comunidades y además, no alcancen el impacto esperado en los países o receptores.
Mecanismos Financieros

Nella Canales, Investigador Asociado del  Stockholm Environment Institute
@NellaCanalesT
@SEIclimate



 Andrea Rodríguez Osuna,
Abogada Senior. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
@arodriguezosuna
@Aidaespañol


 Co-Coordinadoras de Mecanismos Financieros del GFLAC

 
El Fondo Verde del Clima (FVC) es uno de los mecanismos financieros que sirve al Acuerdo de Paris en su implementación. Entre sus tareas está movilizar recursos financieros hacia países en desarrollo que son parte del Acuerdo, para que puedan cumplir con sus compromisos climáticos. El FVC cuenta con aproximadamente 10 mil millones de dólares para están siendo asignados en los próximos 4 años a diferentes proyectos, programas y actividades de Ayuda a la Preparación (readiness support). Si bien sus recursos no son suficientes para resolver todos los problemas climáticos que enfrenta Latinoamérica, sus recursos son esenciales para promover soluciones reales, efectivas y transformadoras hacia un desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima. 

Para sacar provecho a este mecanismo, los países de la región Latinoamericana deben establecer con precisión, tanto los sectores que les permiten avanzar con sus metas climáticas como las acciones concretas que optarán para cumplir con las obligaciones establecidas en sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional. El desafío es contar con una cartera de proyectos y programas, que vayan en línea con las necesidades y prioridades climáticas de cada país, para que estos sean priorizados por el FVC al momento de financiar proyectos y programas.

Hacia finales del 2016, los países en la región que ya cuentan con proyectos aprobados por el FVC, por un total de US$ 202 millones, son Perú (adaptación de humedales y REDD+), Chile (energía solar), El Salvador (eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas), y Ecuador (REDD+); además del Programa Regional para Bonos Verdes de Eficiencia Energética; y el de fFnanciamiento de Energía Geotérmica Comercial en el Caribe. Asimismo, cinco países - Antigua y Barbuda; Bolivia; Costa Rica, República Dominicana y El Salvador -también han accedido a US$ 300 mil de financiamiento para “ayuda para la preparación” del fondo, que genera expectativas de mayores flujos en el corto plazo  Estos fondos de preparación permiten a los gobiernos contar con apoyo financiero para fortalecer capacidades relacionadas con la planeación, el acceso, la implementación y monitoreo del financiamiento climático.  

Además del FVC, los países en la región han recibido fondos de otros mecanismos financieros (Ver Reseña Regional Sobre Financiamiento para el Clima: América Latina 2016 https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11035.pdf ).  A finales del 2016, por lo menos US$ 3.2 mil millones ya habían sido asignados para la región diversas actividades, con 84% de estos fondos destinados a mitigación (50% para energía y 34% para REDD+). La prioridad del financiamiento para mitigación sobre adaptación se entiende en parte debido a que se espera que el incremento del consumo de energía sea uno de los más altos en el mundo por el crecimiento económico proyectado, y por la importancia de los bosques en la región. Sin embargo, uno de los retos es asegurar mayor financiamiento para adaptación para contar con un portafolio más balanceado de acciones climáticas. Este financiamiento para adaptación no deberá venir solo de los mecanismos financieros internacionales, sino también desde el presupuesto público de cada uno de los paíse
s.   
 
Adaptación y Resiliencia

Tania Guillén
@TaniYa_Nic



Alejandra Granados Solis
@alegranadoss



Paola Vasconi
 
CO-coordinadoras de Adaptación y Resiliencia del GFLAC
La adaptación al cambio climático y la construcción de países y sociedades más resilientes es un tema clave para América Latina y el Caribe, considerando su extrema vulnerabilidad al fenómeno y los impactos sociales, ambientales y económicos que en los últimos años ha dejado en la región, y aquellos que se proyectan para el futuro.
 
El GFLAC ha realizado una serie de estudios sobre financiamiento climático y sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional (INDCs) enfocados en la región. Los estudios sobre financiamiento climático identificaron, que a pesar que nuestros gobiernos enfatizan a nivel internacional que adaptación es la prioridad, el financiamiento en la región está siendo dirigido principalmente a mitigación. Lo anterior es un reflejo de cómo el financiamiento está siendo dirigido en los países en desarrollo a nivel global. De acuerdo al último reporte bienal del Comité Permanente de Financiamiento (SCF, por sus siglas en inglés), solamente el 25% del financiamiento climático es dirigido a adaptación.
 
En cuanto a los INDCs, uno de los resultados del análisis resaltó que, a pesar de la importancia de la adaptación para la región, muy pocos países incluyeron medidas específicas relacionadas a este enfoque, o la identificación de las necesidades de medios de implementación (incluido financiamiento) para alcanzar las metas planteadas en sus contribuciones. Cuando las medidas fueron identificadas, las mismas no representan la ambición necesaria, de manera que garanticen hacer frente a la crisis climática actual y futura.
 
Basado en lo anterior, el GFLAC ha decidido fortalecer su línea de trabajo en “adaptación y resiliencia frente al cambio climático”, considerando el marco de políticas y acción que nos ofrecen los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs). Esto desde un enfoque de transparencia y rendición de cuentas.
 
Uno de los retos principales para países en desarrollo es el contar con una definición o lineamientos para identificar lo que debe considerarse financiamiento para adaptación. Por ello, el GFLAC seguirá apoyando a los países de la región, en metodologías que ayuden superar ese reto común. Además, en el corto plazo, seguirá aportando en la construcción y revisión de metodologías de monitoreo, reporte y verificación en relación a financiamiento climático, que también permitan identificar el financiamiento para adaptación.  Así mismo, el GFLAC contribuirá en fortalecer y mejorar los compromisos climáticos en materia de adaptación y resiliencia al cambio climático, para lo que una mayor y efectiva participación ciudadana resulta fundamental.
 
En tal sentido, es importante señalar que, tanto el Acuerdo de París como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) promueven la transparencia para dar vida a una mayor participación ciudadana en la toma de decisión, la concientización social y el derecho al acceso a la información pública en asuntos medioambientales.
Actividades Extractivas
Investigadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación, Coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) y Coordinadora  de Actividades Extractivas del GFLAC
@AroaArroba

Mucho se ha discutido sobre las implicaciones que el modelo de desarrollo marcadamente "extractivista" tiene para la región latinoamericana, donde los estados le han apostado a la explotación de hidrocarburos y minerales bajo el argumento de favorecer el crecimiento económico y generar renta pública. Modelo que se ancla en un contexto internacional en el que la demanda por estas materias primas va en aumento y donde los precios de las mismas se cuadriplicaron entre 1991 y 2011, lo que llevó a los países de la región a intensificar su extracción y exportación. Menos se habla de las consecuencias que este modelo está teniendo sobre el cambio climático y la capacidad de los territorios latinoamericanos para enfrentar sus efectos.
 
En este sentido, no es sólo la quema de hidrocarburos para generar energía lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero, si no también su extracción, así como la de los minerales. El uso intensivo de energía que estos proyectos requieren, la remoción de suelo, y las fugas directas de gases a la atmósfera, como el caso del escape de grandes cantidades de metano de los proyectos de fracking, son sólo algunas de estas causas. Por otro lado, también son proyectos que aumentan nuestra vulnerabilidad a los efectos  del calentamiento global, al usar, contaminar y destruir fuentes de agua, la diversidad biológica y cultural, la zonas de cultivo y pastoreo, los bosques, y al desplazar a las poblaciones y dañar los territorios de las comunidades indígenas y campesinas. De esta manera, la interrelación de la actividad extractiva y el cambio climático supone un mayor riesgo para los derechos humanos de todas y todos.[1]
 
Ahora, con la caída de los precios internacionales de minerales e hidrocarburos la situación no da visos de mejorar. Al contrario, dada la dependencia que los países han desarrollado de la extracción de estos recursos naturales, los gobiernos buscan compensar menores precios con mayor producción, para lo cual están debilitando normativas, instituciones y prácticas que ponen límites a estos proyectos; tal es el caso de aquellas que buscan garantizar los derechos de las poblaciones, proteger el medio ambiente y atender el cambio climático.[2]
 
En un contexto donde el Acuerdo de París ya es una realidad y los países deben poner en marcha acciones urgentes para evitar un aumento de 1.5-2 grados centígrados de la temperatura global, estas políticas resultan aún más insostenibles. Resulta fundamental empezar a debatir, proponer e implementar alternativas a este modelo y las acciones para atender el cambio climático, como las contribuciones determinadas nacionalmente (NDCs), son clave para ello.
 
Desde la sociedad civil ya se están dando pasos para avanzar en esta dirección y, a partir de 2017, el análisis de la relación entre la actividad extractiva y el cambio climático y la incidencia en este ámbito es una de las líneas centrales de trabajo del GFLAC. Por su parte, la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) también ha incorporado esta temática en sus acciones, buscando generar cambios en las políticas públicas de la región y plantear alternativas al desarrollo basado en el extractivismo. Por ello, este será uno de los temas que se discutirán  los días 6 y 7 de marzo en el XIII Foro Latinoamericano sobre Industrias Extractivas que la RLIE organiza en Bogotá, Colombia, y en el que el GFLAC estará presente.
 
Les invitamos a seguir con atención este tema y a involucrarse en la iniciativas que estas dos redes regionales estarán impulsando durante los próximos años para atenderlo. No dejen se seguir las relevantes discusiones del Foro asistiendo o a través de nuestras redes sociales.
 

[1] Ballón, Eduardo (2016), Transparencia de las industrias extractivas en América Latina durante el superciclo de las materias primas, Lima: RLIE y GPC, disponible en http://redextractivas.org/transparencia-las-industrias-extractivas-america-latina-superciclo-las-materias-primas-rlie-grupo-propuesta-ciudadana-2016/
[2] Ibíd.
Transición Energética 

Jorge Villarreal, Miembro Fundador de Iniciativa Climática de México (ICM) y Co-coordinador de Transición Energética del GFLAC




Carlos Tornel, Iniciativa Climática de México (ICM)

En 2017 se cumplirán cuatro años de la adopción de la reforma energética. En este sentido, es pertinente preguntarse ¿Qué tan lejos estamos de cumplir con las metas de transición energética y de reducción de emisiones? Los resultados de la reforma no han dejado un legado palpable en el cumplimiento de las metas de México. Por un lado, la generación de energías renovables en el 2013 representó el 10.23% del total, de los cuales el 72% se produjo a través de energía hidroeléctrica. Para el 2016 las energías renovables representa el 15.86% de la generación total de los cuales el 75% aun se produjo por grandes hidroeléctricas.[1] Lo anterior demuestra que, la capacidad renovable de México se incremento tan solo un 5% en los últimos 3 años. A nivel internacional, tan solo en 2015 se anexaron 147 GW de energía, en donde la energía solar y eólica representaron el 77%. En México representan apenas el 3% y el 0.1% de la generación total.[2]
 
Actualmente la demande de electricidad se incrementa en un promedio de 3.5% anual. Se espera que para el 2030, México duplique la generación de electricidad adicionando 57 GW de energía. En este sentido, la inversión realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender esta demanda de electricidad, se ha centrado en la infraestructura de gas natural. La apuesta por el uso de gas por parte de la CFE se ha fundamentado en la disponibilidad de gas barato en los Estados Unidos. Tan sólo en 2013, México importó 100.2 mil millones de metros cúbicos de gas y ha incurrido en una inversión de más de 12 mil millones de pesos para la ampliación de 22 ductos de gas a nivel nacional.[3]
 
En materia de emisiones, la reducción principal del sector se ha logrado, en su mayoría, a través de la substitución de plantas ineficientes (carboníferas y de combustóleo) por infraestructura para generar electricidad a través de gas natural. Sin embargo, debido a que el gas natural se ha ‘etiquetado’ como una energía de transición, la verdadera reducción de emisiones a través de la penetración profunda de energías renovables no se ha contemplado como una opción legítima para el país, a pesar de la demostrada competitividad de las mismas. La Propia SENER a través del PRODESEN 2016-2030 apuntala a una inclusión de tan solo 5.50 GW de energía solar y 12.84 GW de energía eólica al 2030.[4] Mientras que otras estimaciones apuntan a que México podría generar hasta 35GW de energía solar y 14.3 GW energía eólica en dicho año, además de una capacidad adicional de 20 GW por medio de la generación distribuida solar.[5]
 
Por otro lado, la creciente dependencia en la infraestructura fósil ha limitado los esfuerzos del sector para incrementar el desarrollo de las redes de transmisión y distribución de electricidad. A diferencia de la generación de electricidad en donde se abre a la participación del sector privado nacional e internacional, la transmisión  y distribución aún queda en manos del Estado (CFE). Actualmente las estimaciones indican que la CFE tendrá que invertir en la construcción de alrededor de 13,500 km de líneas de transmisión, con una inversión de alrededor de 17 mil millones de dólares.[6] Lo anterior implica una reducción de las pérdidas técnicas, pero también la capacidad de entender las necesidades de interconexión de hogares, pequeños y medianos negocios, y proveedores de servicios en áreas urbanas y rurales, particularmente para un esquema que permita atender la generación distribuida solar.
 
Una de los principales retos de atender las metas de reducción de emisiones y transición energética tiene que ver con la capacidad de traducir la reforma energética en un beneficio social y democrático. Actualmente el gobierno gasta más de 100 mil millones de pesos anual al subsidiar los precios de la luz a nivel residencial,[7] mientras que los costos residenciales  no han disminuido de manera importante. En este mismo sentido y de acuerdo con estimaciones recientes, actualmente más de 11 millones de hogares en México, es decir el 36%, aún se encuentran en algún grado de pobreza energética.[8]
 
Las expectativas de la reforma energética de incrementar la producción de hidrocarburos a nivel nacional para alcanzar los niveles de producción de hasta 3 mil millones de barriles de petróleo al 2040,[9] se ven cada vez más inviables ante este panorama. Sin embargo, existen otras opciones para mejorar la economía del Estado y ofrecer un beneficio a la sociedad mexicana al reducir la pobreza energética, democratizar la energía y ofrecer un beneficio directo a los consumidores.
 
Primero, los esquemas de generación distribuida (GD) han demostrado ser una importante herramienta para atender la reducción de emisiones y fomentar la transición energética. La GD  permitiría obtener beneficios en la reducción de emisiones, reducir la emisión de contaminantes criterio,  y desarrollar un modelo de economía para el Estado. Sobre este último punto es necesario desarrollar un esquema de redistribución del subsidio eléctrico para financiar la instalación de los techos solares. Varios estudios han evidenciado que lo anterior no solo sería viable sino que contribuiría a un beneficio y a un modelo de negocios para el Estado Mexicano[10]
 
Segundo, otro de los importantes retos es el de fomentar el desarrollo de una cadena productiva a nivel nacional para que, además de los beneficios de la adopción de dicho esquema, se desarrolle una industria a nivel nacional que reduzca de manera importante la dependencia de la matriz energética en la producción e  importación de los hidrocarburos. El desarrollo de una cadena de valor permitiría así fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación y la subsecuente reducción de precios para el mercado solar en México.
 
Finalmente, uno de los retos más importantes que han limitado el desarrollo de las energías renovables en el país se refiere a la falta de un marco normativo adecuado en materia de consulta pública y participación, evaluación de Impacto social (EVIS) y evaluación de impacto ambiental (EIA) en el desarrollo de proyectos energéticos. A pesar de que la tanto al Ley de la Industria Eléctrica como la Ley de Hidrocarburos contemplan la necesidad de llevar a cabo consultas y evaluaciones, los lineamientos no sean desarrollado de acuerdo a la realidad actual del país.
 
El reto para el Estado mexicano es entonces el de desarrollar instrumentos capaces de adaptarse a distintas realidades y contextos sociales, es decir, instrumentos flexibles y adecuados a fin de implementar la consulta no como un fin en sí mismo, sino como un verdadero instrumento de participación y diálogo con las comunidades y posibles afectados.
 
México se encuentra en una condición geográfica privilegiada: el territorio nacional cuenta con altas disponibilidades de recursos renovables. Asimismo el desarrollo tecnológico a nivel mundial ha hecho que las tecnologías necesarias para explotar estos recursos sean cada vez más accesibles. El marco legal establecido por la Ley de Transición Energética (LTE) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) permiten a México contar con las bases para el desarrollo de una política pública adecuada para atender las metas de transición energética y reducción de emisiones. En este sentido, lo que falta, es voluntad política.
 

[1]SENER, 2016. “Reporte de Avances de Energías Limpias Primer Semestre, 2016” Disponible en línea en:  http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177519/Reporte_Avance_Energ_as_Limpias_1er_sem_2016_VFinal_28122016.pdf
[2] SENER, 2012. “Reporte de Avances de Energías Limpias Primer Semestre, 2013” http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25601/Informe_Renovables_2013-1.pdf
[3] PLATTS (2015): “Mexico’s New Energy Landscape” Platts McGraw-Hill Financial. Available at: http://www.platts.com/products/mexico-energy-monthly (Accessed: 01/02/16).
[4] SENER, 2016. Programa del Desarrollo del Sector Electico Nacional (PRODESEN 2016-2030). Disponible en línea en: http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-33462?idiom=es
[5] BNEF, 2016. Bloomber New Energy Finance. “Global Terends in Renwable Energy”. Disponible en línea en: http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergyinvestment2016lowres_0.pdf
[6] PWC, 2014. “Transformación del sector eléctrico mexicano. Implicaciones de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la CFE.” Disponible en línea en: https://www.pwc.com/mx/es/industrias/archivo/2014-08-transformacion-sector-electrico-mexicano.pdf
[7] Presidencia de la República, 2016. “Cuarto Informe de Gobierno 2016” Anexo Metodológico. Disponible en línea en: http://www.gob.mx/presidencia/articulos/4to-informe-de-gobierno-62351?idiom=es
[8] Garcia-Ochoa, Rigoberto; Pobreza Energética en América Latina; Comisión Económica para América Latina y el Caribe; 2014.
[9] IEA, 2016. Special Country Report . México Energy Ourtlook. Disponible en línea en: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/MexicoEnergyOutlook.pdf
[10] Para más información revisar los estudios desarrollados por el Daniel Chacón de la Iniciativa Climática de México disponibles en el siguiente enlace: https://www.energiaadebate.com/search/?q=daniel+chacón
Noticias GFLAC
 
Sandra Guzmán, Fundadora y Coordinadora General del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), ha sido seleccionada para participar en el proyecto Homeward Bound Project [1], orientado a fortalecer el liderazgo de mujeres en el campo de ciencia para mejorar el entendimiento alrededor del problema de cambio climático y la protección del ambiente.

Este proyecto con visión de 10 años, busca juntar a 1000 investigadoras de todo el orbe para visitar durante este periodo la Antártida y documentar los impactos del fenómeno climático en este territorio.

Sandra Guzmán participará en lo que será el segundo viaje para el que se han seleccionado a 70 mujeres líderes alrededor del mundo que conformarán el #TeamHB2018. 

La participación de Sandra ayudará a elevar la conciencia alrededor de este tema en América Latina y su objetivo es generar la información necesaria para mejorar la toma de decisiones, basada en el entendimiento de lo que la afectación en la Antártida podría generar en la región.

En unas semanas el GFLAC comenzará un proceso de recaudación de fondos para apoyar el viaje de Sandra y esperamos contar con la participación de nuestras y nuestros aliados.

 
El seminario en línea del mes
América Latina y la Administración Trump:
Impactos en la agenda climática
América Latina es una región altamente vulnerable. De acuerdo a estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el impacto económico de aumentar  la temperatura en 1.5 grados podría costar hasta el 5%  del PIB de la región. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo  señala que en un escenario de 2 grados centígrados, el costo sería de 100 mil millones de dólares al año, a partir del 2050.
 
Frente a los retos de vulnerabilidad, el hecho de que el Presidente Donald Trump amenace con dejar de apoyar a organismos de las Naciones Unidas, o retirarse del acuerdo de parís e impulsar medidas que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, ponen en riesgo el futuro de las negociaciones y acciones de cambio climático que se llevan a cabo actualmente en diferentes países.

En este seminario en línea se hizo una reflexión sobre el impacto de la nueva administración de Estados Unidos, en la agenda climática  pero también  sobre la importancia de la participación de un grupo multi-actor (poder legislativo, filantrópico, organismos internaciones, sociedad civil)  para alcanzar las metas  de cambio climático
establecidas.
 
Accede al seminario completo
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Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe
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