Boletín GFLAC Enero 2015

Trabajando para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación social y la inclusión de criterios de derechos humanos, igualdad de género y sustentabilidad dentro de la arquitectura financiera para la lucha contra el cambio climático a nivel nacional, regional e internacional.

Terminó el 2014, y con él un satisfactorio año de trabajo destinado a contribuir en la lucha para contrarrestar el cambio climático y lograr una transición hacia una economía de alta eficiencia energética y bajo nivel de emisión de carbono, en el marco de una política integral que contemple el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
El GFLAC, en colaboración con diversas organizaciones, llevó a cabo durante 2014 un intenso trabajo de investigación en cuatro países de la región: Argentina, Chile, Ecuador y Perú, del cual surgió una serie de informes que fueron presentados en el Día del Financiamiento Climático (Climate Finance Day) durante la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Lima, Perú.

EN BREVE LES COMPARTIREMOS UN BOLETÍN DEDICADO EXCLUSIVAMENTE AL CLIMATE FINANCE DAY

En 2014 uno de los mayores logros del GFLAC fue el trabajo nacional. Diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de países como Argentina, Chile, Ecuador y Perú llevaron a cabo un análisis del financiamiento climático tanto nacional como internacional, en miras a identificar los flujos de recursos que los países han recibido de la cooperación internacional, así como los recursos que han sido asignado vía los presupuestos públicos.

Este ejercicio fue basado en la metodología creada por el GFLAC y nos complace enormemente que esta labor ciudadana esté generando frutos e impactando el trabajo tanto de actores como de países de donde dicho estudio es pionero.

PROCESO METODOLÓGICO GFLAC

Agradeciendo el esfuerzo de los puntos focales del GFLAC en los diversos países, seguiremos promoviendo estos importantes hallazgos para generar cambios a nivel nacional e impactos a nivel internacional.

Después de Chile, Argentina, Ecuador y Perú, con quienes seguiremos fortaleciendo nuestra relación en todos los niveles al igual que con México a través del Grupo Mexicano de Financiamiento Climático, este año tenemos el gusto de ampliar nuestro trabajo a Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua con el objetivo de apoyar en el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social de la arquitectura financiera de cambio climático en dichos países, en colaboración con la Red Suswatch y con el apoyo de IBIS, cuya confianza hacen posible este esfuerzo.

Según un estudio realizado por la CEPAL, Centroamérica es una de las regiones más expuestas a las consecuencias del cambio climático, el cual está magnificando sus vulnerabilidades socioeconómicas e incidirá cada vez más en su evolución económica, “dado que los factores dependientes del clima son decisivos para las actividades productivas, como la agricultura y la generación hidroeléctrica”. Se estima que Centroamérica produce una mínima parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) globales (menos de 0,3% de las emisiones sin cambio de uso de tierra y menos de 0,8% de las emisiones brutas totales) [1].
El índice de riesgo climático global de la organización German Watch ha calificado el impacto de los eventos extremos (tormentas, inundaciones, extremos de temperatura y olas de calor y frío) en un ranking de 183 países, en el cual el país con el número más bajo es el más vulnerable. Pero, ¿qué es la vulnerabilidad climática?

[1] “La economía del cambio climático en Centroamérica: Síntesis 2012”
Disponible en: http://www.cepal.org/mexico/cambioclimatico/documentos/sintesis_2012baja.pdf

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) define la vulnerabilidad como “el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación.” (IPCC, 2004)

Los resultados del período 1992-2011 indican que Honduras es el país con mayores impactos recibidos, Nicaragua el tercero, Guatemala el décimoprimero. “Considerando el aumento de eventos extremos en los últimos años, el mismo indicador para el período 2004-2011 arroja que los países de la región centroamericana a menudo resultan entre los diez primeros lugares de riesgo: República Dominicana segundo en 2004, Guatemala primero y Honduras séptimo en 2005, Nicaragua tercero en 2007, Belice noveno en 2008, El Salvador primero en 2009, Guatemala segundo y Honduras quinto en 2010, El Salvador cuarto y Guatemala noveno en el 2011”. En cuanto a Bolivia, según el investigador Joerg Seifert-Granzin, “en el altiplano asistiremos a la desaparición de los glaciares en la cordillera lo que incidirá en la capacidad de regular el flujo de disponibilidad de agua, afectando a sus poblaciones. Por el contrario, en tierras bajas tendremos inundaciones severas que afectarán a la capacidad productiva y al propio ecosistema”.

Creemos firmemente que está en nuestras manos cambiar las prácticas de producción y de consumo para reducir nuestra huella ecológica y enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático.

Una parte fundamental de la metodología de investigación sobre financiamiento climático creada por el equipo del GFLAC, es la realización de talleres locales en cada uno de los países en los que se llevarán a cabo los estudios.
Los objetivos de dichos talleres son:

Los talleres, al igual que en 2014, contarán con la presencia de una diversidad de actores provenientes de organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios, instituciones académicas, representantes de gobiernos nacionales y locales, asesores parlamentarios, organizaciones de base, consultoras y agencias intergubernamentales.

Integrar un mapa del financiamiento climático de cada país, en donde se identifiquen tantos los flujos internacionales de recursos que los países han recibido de la cooperación internacional para combatir el cambio climático, así como un análisis del manejo de los recursos públicos que dichos países han asignado via sus presupuestos públicos para motivar acciones de mitigación y adaptación. Esto en miras a tener un panorama que permita conocer la realidad del país, para luego ofrecer recomendaciones y acciones que permitan el monitoreo, reporte y verificación de dichos recursos, con el fin de promover un uso efectivo de los mismos.
El trabajo tiene dos públicos meta: Por un lado, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, en miras a fortalecer sus capacidades en materia de financiamiento climático. Por otro lado, miembros de gobierno, quienes a través del trabajo con sociedad civil tendrán oportunidad de participar de la capacitación y en la generación de recomendaciones en la materia de estudios. Se busca que las organizaciones y grupos participantes sean de diversas áreas de trabajo, no sólo en temas relacionados con medio ambiente, sino también en temas asociados a derechos humanos, transparencia y otros ejes de relevancia. Si bien el objetivo es acercar a poblaciones de diversas áreas geográficas de cada uno de los países que participen, los talleres se llevarán a cabo en las capitales de los países contemplados y se espera una diversificación con balance de género. Es el grupo meta el que tomará el rol más importante del proyecto, al ser el que llevará a cabo la investigación, la identificación y formulación de propuesta para colaborar con actores como los gobiernos.

Fundación Solar es una organización privada de desarrollo establecida en Guatemala en 1993 cuyo enfoque principal es el medio ambiente.
La organización trabaja para apoyar y desarrollar proyectos enfocados en el uso de la energía renovable, la conservación del medio ambiente, el fortalecimiento de las capacidades locales y la organización de base en las comunidades rurales.
Fundación Solar aspirar a fomentar la creatividad y celebrar la innovación intercultural e interdisciplinaria. Su personal –un conjunto de emprendedores sociales, hombres y mujeres–acompaña los procesos de transformación de la naturaleza, mediante acciones que reducen el impacto ambiental.

El Centro Alexander von Humboldt es un Organismo No Gubernamental, fundado por un grupo de profesionales que decidieron aunar esfuerzos para enfrentar el reto de promover e impulsar un desarrollo alternativo desde la Sociedad Civil.
El quehacer de la institución se enmarca en los ámbitos del Desarrollo Territorial y la Gestión Ambiental, desde la visión que la concepción territorial del desarrollo se expresa en la organización de las fuerzas productivas de acuerdo a la vocación de los territorios, sus potencialidades, limitantes, y al grado de desarrollo tecnológico de las poblaciones usuarias de los recursos del entorno socio-productivo.
La labor institucional se organiza en base a una política de alianzas con organismos de la sociedad civil y las instancias organizadas que constituyen sus contrapartes, las relaciones horizontales que establece con grupos e instancias locales, y el respaldo de diferentes sectores que comparten visiones, principios y estrategias para la solución de problemas ambientales y locales en pro de un desarrollo sustentable.

ACICAFOC es una organización de base comunitaria sin fines de lucro, facilitadora de procesos que permiten el acceso, uso y manejo responsable de los recursos naturales para contribuir con el desarrollo socio-productivo; respetando las dinámicas culturales de los pueblos indígenas y comunidades locales en la Región Centroamericana.

LIDEMA es una red de instituciones dedicadas a promover el desarrollo sostenible del país, en base a políticas de cambio de las modalidades de producción, consumo y distribución. Por lo tanto, orienta su accionar hacia el uso sostenible de los recursos naturales, a influenciar en las políticas públicas y las leyes, en el ámbito municipal, departamental y nacional, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, formulando propuestas basadas en su experiencia institucional nacional, y en el permanente análisis de cómo la situación socioambiental es afectada por los procesos sociales y económicos nacionales e internacionales.

Actualmente estudia un Doctorado en Políticas por la Universidad de York, cuenta con una Maestría en Política y Regulación Ambiental por la London School of Economics and Political Science (LSE), es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es especialista en Gestión y Política Energética y Ambiental por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO). Cuenta con diversos Diplomados en temas como: Derecho Ambiental, Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, Finanzas Públicas y actividades extractivas. Coordina el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) que tiene como objetivo promover la transparencia y efectividad en el manejo de los fondos internacionales y nacionales en materia de cambio climático. También colabora con diversas organizaciones como consultora independiente en temas como política climática, finanzas climáticas y transición energética.

Coordinadora del Programa de Integridad en el Financiamiento Climático (CFIP, por sus siglas en inglés) en Transparencia Mexicana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, el movimiento global contra la corrupción. El CFIP es un programa multi país en el que Bangladesh, Indonesia, Kenia, Maldivas, México, Papúa Nueva Guinea, Perú y otros países, realizan un rastreo de los recursos destinados a la atención del cambio climático con el propósito de identificar y prevenir riesgos de corrupción y gobernanza que puedan existir a nivel nacional. Cuenta con un Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona); Diplomatura en Comunicación Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Licenciatura en Comunicación por la UNAM con pre-especialización en investigación cuantitativa y cualitativa.

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y Maestra en Cooperación Internacional por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Diplomatura en Industrias Extractivas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde 2009 se desempeña como investigadora en el proyecto sobre Industrias Extractivas de Fundar, donde se encargada de la línea de investigación sobre el sector petrolero y cambio climático. Entre otras responsabilidades, coordina el trabajo presupuestario de Fundar en el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático y forma parte del equipo metodológico del Grupo Latinoamericano de Financiamiento Climático. Por último, es la actual coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) a quien representa en el Comité Directivo Global de la coalición "Publica Lo Que Pagas" (Publish What You Pay).

Abogada senior del programa de cambio climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Especialista en políticas de financiamiento climático y advoca en representación de AIDA ante la Junta Directiva del Fondo Verde Climático y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Octava parte de la segunda sesión del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada (ADP)
Ginebra, Suiza
8 al 13 de febrero de 2015.

“Después de la sesión más larga de la historia, los gobiernos reunidos en la COP17 en Durban en diciembre del 2011 acordaron negociar, para el año 2015, un tratado climático que entrará en vigencia para el año 2020. La Plataforma de Durban para una Acción Reforzada se logró pese a las predicciones de que la reunión en Sudáfrica llevaría al colapso de las negociaciones de la ONU sobre el clima. Muchos gobiernos de Latinoamérica y el Caribe (LAC) han trabajado muchos años para hacer realidad la solución política lograda en las últimas horas e incluida en la Plataforma de Durban. Hoy en día, el desafío está en hacer que esta plataforma sea lo suficientemente ambiciosa para evitar los peligros del cambio climático.”
José Alberto Garibaldi, Mónica Araya y Guy Edwards

Marcela Jaramillo de E3G y miembro del GFLAC estará en la sesión y nos contará de los avances

La siguiente sección del Boletín surge de la necesidad de impulsar un medio de difusión de contenido relevante para todas las organizaciones. La información publicada en esta sección es de responsabilidad exclusiva de quien la emite y no representa necesariamente la opinión de la Coordinación de GFLAC, ni la comprometen en forma alguna respecto a su veracidad, vigencia y exactitud.

Presupuesto Climático 2015 en Argentina:
¿Cuánto vale el cambio climático?

María Marta Di Paola
Investigadora en Economía y Ambiente
Fundación Ambiente y recursos Naturales (FARN)

El presupuesto nacional es una herramienta de importancia, ya que a través de la asignación de los recursos públicos permite inferir los objetivos de política, tanto aquellos explícitamente planteados como aquellos que carecen de un plan publicado.
A través de su análisis surge que el 90% de los servicios económicos se destinarán a servicios de energía, combustibles y minería y transporte, mientras que el 10% restante se distribuirá entre otras 7 funciones correspondiéndole a ecología y medio ambiente tan sólo el 1,3% del total.
Respecto a algunos sectores en particular, por ejemplo, para el año 2015, en cuanto a energías renovables sólo se mencionan en el presupuesto programas de eficiencia energética y el PERMER, totalizando $ 237 millones, junto con el Fondo para la Energía Eólica por $ 3,7 millones (que representa un 1,5% de los fondos compatibles con el cambio climático). Por su parte, la partida presupuestaria vinculada a la formulación y ejecución de la política de energía eléctrica alcanza un total de $ 78.735 millones (incluyendo los subsidios), mientras que la partida para la política de hidrocarburos es de $3.962 millones. Las partidas presupuestarias asignan por cada $1 a fondos compatibles con la lucha al cambio climático $310 al sector de generación energética con combustibles fósiles.

Asimismo, entre las partidas vinculadas a energías renovables el 70% de los fondos corresponden a financiamiento internacional (Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), con programas como el anteriormente mencionado PERMER financiado por el Banco Mundial o Eficiencia Energética por el Fondo Mundial para el Ambiente.

Para los bosques nativos, el monto asignado asciende a $ 248 millones, careciendo del 95% de los fondos que correspondieran de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26.331 de protección de Bosques Nativos, situación que se viene repitiendo desde la sanción de la norma, hace 6 años.
Respecto a los glaciares, se carece de una partida para la realización del inventario de glaciares, siendo esta herramienta fundamental para cumplir con los objetivos establecidos en la Ley N° 26.639, situación que se repite desde el momento de su sanción en el año 2010.
Además se observa una contradicción entre lo que se establece en la ley de Protección de Bosques con políticas vinculadas al desarrollo del sector agropecuario, resultando esto una amenaza para el principal objetivo de dicha ley. Dentro de las medidas vinculadas a la política agropecuaria los principales fondos se destinan a políticas frente a ante efectos adversos del cambio climático (no buscando evitar su ocurrencia), como las Acciones para la Atención de la Emergencia Agropecuaria (Ley Nº 26.509) con un monto de $ 500 millones, el doble del destinado al fondo de bosques.
En síntesis, el análisis del presupuesto fiscal del 2015 demuestra que en materia ambiental, se promueven políticas de corto plazo y con un alto impacto ambiental, en detrimento de una estrategia de sustentabilidad que permita un desarrollo equilibrado y sustentable, ausentándose el cambio climático como prioridad en el mismo.

Negociaciones del Clima:
Los desafíos de América Latina de Lima a París

Por Paola Vasconi Reca

Una vez más los resultados de las negociaciones internacionales del clima no están a la altura de la urgencia y desafíos que nos plantea el cambio climático. A pesar del esfuerzo asumido por la presidencia de la COP20, después de 14 días de intensas negociaciones, la “Llamada de Lima a la Acción Climática” no logró sentar las bases de lo que debiera ser el nuevo Acuerdo Climático que se espera firmar el 2015 en París: un Acuerdo ambicioso, vinculante, justo y equitativo, en que participen todos los países, que permita mantener el incremento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2°C para evitar así una catástrofe climática sin precedentes en la historia de la humanidad.
Principales resultados
Entre los principales resultados de la COP20 en Lima destacan:
1. El que las naciones concluyeran con la elaboración de los elementos del nuevo acuerdo de Cambio Climático, y acordarán las reglas básicas sobre cómo los países comunicarán sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC) a la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estas Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDCs, por sus siglas en inglés) serán los cimientos de la acción climática posterior a 2020, cuando debe entrar en vigor el nuevo acuerdo climático. No obstante, el texto de Lima sólo invita a las partes a presentar sus contribuciones hasta el mes de marzo de 2015, sin perseguir un objetivo de reducción ambicioso pues, hasta ahora, las contribuciones se han planteado en términos voluntarios y no vinculantes. El tema de equidad, responsabilidades históricas, tampoco parece reflejarse en lo que será estas contribuciones nacionales.
2. En relación al financiamiento, los países desarrollados bloquearon cualquier inclusión de este tema en la decisión de la Plataforma de Durban (ADP) que contribuyera a ambiciosas Contribuciones Nacionales. El Fondo Verde para el Clima incrementó su capitalización y superó la cifra de US$ 10,200 millones. Sin embargo, no se tiene claridad sobre cómo es que los países alcanzarán la movilización de 100 mil millones de USD anuales a partir de 2020, para garantizar el financiamiento de largo plazo. También se aprobaron otras nueve decisiones sobre las finanzas climáticas. En Lima, el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, recibió un salvavidas de último minuto gracias al aporte de 55 millones de euros anunciados por Alemania, pero esto resulta insuficiente en términos de las necesidades de adaptación de los países. En definitiva, el discurso de Lima sobre financiación climática no ha hecho nada para la construcción de una arquitectura financiera robusta en el régimen post-2020.
3. En relación a pérdidas y daños la “Llamada de Lima a la Acción Climática” sólo recuerda la decisión del año pasado para establecer el “Mecanismo de Varsovia sobre pérdidas y daño”, pero no avanza en tratar el tema de pérdidas y daños separado de adaptación en el acuerdo de París, ni reconoce la necesidad de financiación adicional para el mismo. En Lima, el Mecanismo de Varsovia sólo avanzó en el ámbito técnico, con la aprobación de un plan de trabajo inicial de dos años, y la composición de su comité ejecutivo.
4. Respecto a las contribuciones nacionales, se estableció un periodo de evaluación para saber cuál es el “nivel de ambición” de cada país en la reducción de sus emisiones.
5. Se consignó el principio de responsabilidades comunes pero diferencias para allanar el camino de Lima a París.
6. Se definió el mecanismo para incrementar la ambición en los objetivos de mitigación antes del 2020, fecha en la que entra en vigencia los acuerdos a aprobarse en la COP 21.
7. Se incorporaron menciones especiales al rol de la mujer en la lucha contra el cambio climático, a la salud y se fortaleció el mecanismo REDD+ para los bosques.
Para mayores detalles, ver documento análisis FHBS versión inglés

América Latina: Los desafíos de una región vulnerable
En contraste con los resultados de las negociaciones, albergar la COP20, permitió a América Latina y el Caribe dar una mayor relevancia política a la problemática del cambio climático a nivel regional. De a poco los países de la región han ido asumiendo un liderazgo, tanto a nivel internacional como nacional, con acciones decididas para hacer frente al cambio climático. Anuncios como: el incremento de las energías renovables, reducción de emisiones provenientes de los bosques, preparación para hacer frente a los impactos climáticos, contribución a la capitalización del Fondo Verde por el Clima, con sus propios recursos y el apoyo de otros países, son sólo algunos ejemplos de los pasos que América Latina y el Caribe está tomando. No obstante, la urgencia y los desafíos pendientes en la región siguen siendo importantes.
En este escenario, tomando en consideración los resultados expuestos y la historia del proceso de negociaciones bajo el alero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), América Latina y el Caribe no debiera apostar sólo a este proceso en la búsqueda de soluciones para hacer frente a los desafíos del cambio climático, los que no pueden esperar, ni quedar anclada a sus resultados, ni a la firma del nuevo acuerdo el 2015. Su gran diversidad geográfica, biológica y sociocultural; y su economía altamente dependiente de sus recursos naturales, la hacen una región muy vulnerable al cambio climático.
De ahí se desprende el imperativo ético y práctico de avanzar en respuestas al cambio climático que no queden atrapadas en la discusión sobre recursos, financiamiento y responsabilidades que se da en el marco de las negociaciones internacionales. Es evidente que la región no puede, ni debe, responder por si sola al cambio climático, primero, porque no es un gran contribuyente en término de emisiones (9% de total mundial) y se requiere la confluencia de los mayores emisores, para reducir eficazmente las emisiones, y, segundo, porque hacen falta recursos para lograrlo que no siempre están disponibles para afrontar esta demanda, en comparación con otras prioridades; pero la inacción, so pretexto de las responsabilidades históricas, puede ocasionar pérdidas sociales, ambientales, en biodiversidad, económicas, significativas, algunas de ellas irreversibles, para la región. La prioridad de América Latina y el Caribe es sobre todo, adaptarse, con o sin la anuencia de todos los países y, tal como hemos visto, demorar esa respuesta será cada vez más costoso [1].
La acción debe venir desde distintos niveles. El nivel más amplio es el global, lo que obliga a buscar espacios de acuerdo intrarregional para alcanzar niveles de agregación de demandas comunes, para ser presentadas desde el bloque regional. Pero también hay que construir respuestas locales, nacionales y regionales que pasan por avanzar hacia la transformación de su estrategia de desarrollo, desde la extracción y explotación intensiva de recursos naturales con alta emisiones, hacia la construcción de una nueva sociedad, estilo de vida y modelo productivo, que revalorice sus recursos naturales, sea menos dependiente de los combustibles fósiles, más inclusivo y resiliente al cambio climático.
Esta transformación necesariamente implica un nuevo marco político e institucional que permita abordar las presiones directas e indirectas respecto del sistema climático. Las primeras, referidas a la regulación ambiental propiamente tal considerando, por ejemplo, normas de emisiones; las segundas, en cambio, son las más complejas, porque implican abordar en su plenitud los sistemas productivos y estilos de vida. Dicho de otra forma, no bastará con tener mejores y más exigentes normas de control y reducción de emisiones si no se aborda la integralidad de los enfoques productivos. Es por ello que lo central será la búsqueda de coherencia interna de la política climática y económica. Para ello se requiere la adopción de legislación climática, de políticas y acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, así como la redefinición de las políticas económicas, energéticas, de infraestructura, agraria, de transporte, hídrica, entre otras, considerando como uno de sus ejes estructurante la nueva política climática.
Pero a su vez, una nueva política climática debe estar conectada con los otros aspectos de la política social, es decir, seguir avanzando en: la reducción de la pobreza y desigualdad; el respeto y la defensa de los derechos humanos; la profundización de la democracia y los espacios de participación; la protección de los bienes naturales, el medioambiente y la biodiversidad, entre otros temas relevantes para la región.
América Latina y el Caribe tienen que avanzar hacia la construcción de una propuesta de un modelo de desarrollo alternativo, que agregue valor al inmenso potencial de uso responsable de los abundantes recursos naturales existentes en la región, en lugar de la extracción y exportación de estos recursos comocommodities, que lleva a la reprimarización de sus economías. La Región, además, debe avanzar en la construcción de una nueva gobernanza democrática en términos generales, y específicamente de recursos naturales que no sólo permita administrarlos mejor y reducir la conflictividad en torno a ellos, sino que además requiere darles un sentido de futuro.
El desafío, no menor, es sumar e integrar complejidades políticas con niveles de acción a distintas escalas geográficas y temporales.
Camino a París, la región de América Latina y el Caribe, debiera profundizar el diálogo y la integración regional, impulsado por Chile y Brasil durante el 2014, que dio como resultado tener a toda la región en una misma Declaración bajo el paraguas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (ver declaración). Este es un gran paso, considerado que en 20 años de negociación América Latina y del Caribe (ALC) no ha sido capaz de levantar una sola voz en las negociaciones internacionales de cambio climático. La diversidad de sus economías y sociedades, las diferencias en la vulnerabilidad de las naciones y las emisiones, las diversas posiciones ideológicas, y los miembros de los diversos grupos regionales e internacionales, han impulsado posturas muy divergentes frente al cambio climático, imposibilitando que la región se constituyera como un único bloque negociador o se presentara coordinadamente frente al proceso de negociaciones internacionales para el cambio climático. Hacia París la historia puede ser otra.
[1] Según, CEPAL 2014, a América Latina el cambio climático ya le cuesta entre el 1,5% y el 5% de su PBI.
Ver CEPAL: “The economics of climate change in Latin America and the Caribbean: paradoxes and challenges”. Santiago de Chile, 2014

El artículo fue publicado originalmente en la página web de la Fundación Böll Oficina Conosur.

Países Latinoamericanos en la COP20:
Reflexiones y perspectivas para el 2015

Por Guy Edwards y Timmons Roberts

Las negociaciones sobre el cambio climático de las Naciones Unidas viven para luchar otro día, y los países latinoamericanos jugaron roles importantes en su progreso. El resultado de la conferencia climática de Lima, o “COP20”, el pasado Diciembre ha sido considerado un éxito por lo general, aunque uno muy limitado.
Perú, el país anfitrión, sorprendió en la conferencia – cuando un severo fracaso parecía inminente mientras el tiempo se agotaba, un acuerdo de último minuto fue producido dos días después de que la conferencia debía finalizar según lo programado.
Las negociaciones ahora entran a su último tramo, con la conferencia climática de París en Diciembre asomándose – esta es la fecha límite para producir un nuevo acuerdo que está programado para entrar en vigencia a partir del 2020. El Llamado de Lima para la Acción Climática es un paso en la dirección correcta, pero la mayoría de las decisiones difíciles todavía deben ser abordadas. Este será un año fascinante pero extremadamente duro para la política climática global.
A pesar de que el acuerdo de Lima es débil, como sugiere Michael Jacobs, pudo lograr sus dos objetivos principales, representando un avance fundamental para la respuesta global al cambio climático. La reunión tenía la responsabilidad de adoptar un borrador de texto para el nuevo acuerdo de París. Un documento extenso fue producido, con un abanico de opciones que las partes quieren ver en el acuerdo final. Sin embargo, ninguna decisión fue tomada; las decisiones difíciles sobre qué se mantendrá y qué será desechado comenzarán este año.
El segundo objetivo fue lograr un acuerdo sobre cómo los países elaborarán y presentarán sus compromisos nacionales este año (llamados “Contribuciones Nacionalmente Determinadas” o INDCs por sus siglas en inglés), los cuales incluyen información sobre cómo estos países reducirán sus emisiones de gases efecto invernadero.
El avance más importante fue que todos los países deben reducir sus emisiones basados en sus “responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades (RCPD+RC) en vista de las diferentes circunstancias nacionales.” Este lenguaje es complicado, pero cada palabra resulta ser extremadamente importante, ya que la frase equilibra el acuerdo tradicional que los países desarrollados darían el primer paso para reducir emisiones (RCPD+RC), y una nueva universalidad, que todos los países tomarán acción (pero de acuerdo a circunstancias nacionales).
Esto representa un cambio significativo, ya que previamente solo los países desarrollados tenían responsabilidades obligatorias mientras que los países en vías de desarrollo solo debían hacer esfuerzos voluntarios.
Algunos países Latinoamericanos y otros países han estado presionando para lograr este cambio por algún tiempo, basados en la idea de que todos los países deben tomar acción tomando en cuenta las diferentes responsabilidades y capacidades. El hecho de que este avance sucedió en uno de los países que han estado colectivamente presionando por esta posición es apropiado.
La presidencia peruana de la COP, dirigida por el carismático Ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal, fue reconocida por su compromiso y esfuerzo para asegurar un resultado exitoso en Lima. La delegación peruana se mostró muy comprometida e involucrada durante las preparaciones y durante la conferencia. A pesar del modesto resultado y de la COP20 teniendo una de las huellas de carbono más grandes de cualquier conferencia climática de la ONU, la COP terminó siendo una victoria diplomática para Perú.

Un foco sobre Latinoamérica
La conferencia de Lima también fue notoria debido a que tuvo un número de eventos relacionados a Latinoamérica jamás antes visto, tanto dentro de la sede oficial y alrededor de la ciudad. Naturalmente, la ubicación de la COP explica el vasto número de eventos enfocados en Latinoamérica, pero su diversidad y caliber fueron impresionantes, indicando un nuevo y acrecentado nivel de actividad sobre este tema en la región. Algunos de los hechos particularmente resaltantes para la región que fueron anunciados durante la conferencia incluyen los siguientes:

Las siguientes secciones presentan reflexiones sobre las políticas climáticas de Latinoamérica en relación con lo ocurrido en Lima y lo que deberíamos estar esperando para el 2015. Se enfocan en la ralentización económica de la región, construyendo acciones climáticas fuera de las reuniones de la ONU, el significado de las INDCs, la participación de grupos de la sociedad civil en Lima, y por qué las discusiones sobre la cooperación regional por el cambio climático en Latinoamérica son importantes. Finalmente proporcionamos breves observaciones finales como conclusión.
A pesar de la ralentización, Políticas de Bajo Carbono son Esenciales
Las economías latinoamericanas crecieron impresionantemente la última década, con una tasa media anual de crecimiento de aproximadamente 5 por ciento. Los altos precios de materias primas de Latinoamérica – impulsados por la demanda China – fueron algunos de los principales factores. Ahora la luna de miel parece haber terminado. Los estimados y proyecciones económicas para el 2014 y 2015 dejan mucho que desear. Las economías de Latinoamérica crecieron en promedio solo alrededor de 1.3 por ciento en el 2014, y las perspectivas para el 2015 no se ven mucho mejor; el FMI y el Banco Mundial prevén un crecimiento de 2.2 por ciento. Según The Economist, mientras que el crecimiento de China se ralentiza, los precios de materias primas han regresado a sus niveles más bajos desde la recesión global del 2009. La caída de los precios de petróleo ha perjudicado a las economías Sudamericanas exportadoras de crudo, aunque por supuesto otros países de la región que lo importan se están beneficiando de los bajos precios.
La perspectiva modesta para el 2015 también presenta un desafío para los ministerios del ambiente que tienen recursos limitados, y más ampliamente para las agendas ambientales y climáticas. Hay preocupación por que el problema del cambio climático pierda prioridad en la agenda justo en un momento en el cual debe estar firmemente sobre las mesas de ministros y presidentes. Ahora hay leyes y políticas climáticas y ambientales innovadoras en la región, y es crucial asegurarse de que su implementación no sea sacrificada en pos de mejorar el crecimiento económico a corto plazo.
La problemática perspectiva para el 2015 de Latinoamérica sí presenta, de hecho, algunas oportunidades útiles, como promover políticas de bajo carbono para construir prosperidad, desafiando el discurso retrógrado que asume que enfrentar el cambio climático es un freno para el desarrollo. Opciones políticas inteligentes como reducir y eliminar los subsidios a combustibles fósiles potenciando la eficiencia energética, y el despliegue de energías renovables deben ser priorizados. Éstas pueden tener co-beneficios importantes, como por ejemplo reducir la contaminación del aire en zonas urbanas y reducir los riesgos y costos de salud promoviendo productividad e innovación.
Construyendo Acción Climática fuera de la CMNUCC
Para observadores de las negociaciones climáticas de la ONU, a veces parece que los glaciares andinos se derriten más rápido de la tasa de progreso que se observa en los corredores de las negociaciones. La CMNUCC es un proceso único y frustrante, el cual a veces actúa como si fuera insensible a lo que ocurre en el mundo real. Por ello, es esencial construir acción climática a través de otros foros para asegurar avances concretos que puedan a la vez tener un impacto positivo en las negociaciones.

A diferencia de los viejos tiempos en los que la región estaba cercanamente ligada a un poder colonial o neocolonial, los países latinoamericanos ahora tienen relaciones diversas y crecientes con una amplia gama de actores internacionales. En el 2015 la región participará en cumbres con China, Estados Unidos y la Unión Europea. A principios de enero, la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC se desarrollará en Beijing. En abril, Panamá será anfitrión de la VII Cumbre de las Américas, y en junio Bruselas será anfitrión de la II Cumbre UE-CELAC.

Estas cumbres son importantes por dos motivos. Con la fecha límite de diciembre 2015 para crear un nuevo acuerdo climático, las cumbres son espacios importantes para la diplomacia climática y esfuerzos para generar confianza entre los países. En segundo lugar, tomando en cuenta los extensos lazos de comercio entre países latinoamericanos y los Estados Unidos, UE y China respectivamente, estas cumbres deben enfocarse en intentar minimizar las grandes (y crecientes) huellas de carbono de estas asociaciones provenientes de la extracción de combustibles fósiles y minería, maximizando oportunidades bajas en carbono que incluyan el aprovechamiento de las impresionantes reservas de energía renovable y priorizando transporte de bajas emisiones en la región.

Latinoamérica es la región más urbanizada en el mundo, con 80 por ciento de la población viviendo en ciudades. De acuerdo a un número de encuestas, los ciudadanos de la región están muy preocupados por el cambio climático. Con un gran número de ciudades de la región ubicadas a lo largo de la costa y amenazadas por el incremento del nivel del mar - o aquellas lidiando con escasez de agua debido al derretimiento de glaciares o sequías - estas ciudades son muy vulnerables a impactos climáticos. Las ciudades latinoamericanas también representan fuentes significativas de emisiones de gases invernadero, principalmente de transporte, energía, edificios y desechos.

La conexión entre las altas tasas de propiedad de vehículos privados, las crecientes emisiones de transporte, y la mala calidad de aire es un gran desafío. A lo largo de la región, las ciudades están intentando reducir emisiones y adaptarse a impactos climáticos mientras mejoran las vidas de los ciudadanos. Estos esfuerzos incluyen el Plan de Acción Climática de Quito y el Plan Verde de la Ciudad de México. Como indica el reporte de New Climate Economy, mejor planeamiento y redes extensivas de transporte público pueden crear ciudades que son económicamente dinámicas, más resilientes, y más sanas. Tal vez las ciudades no pueden negociar en la ONU, pero son áreas vitales para liderazgo e innovación y representan un área de acción climática que permanece en gran medida sin explotar.

La legislación sobre el cambio climático representa un medio vital para países latinoamericanos para construir una respuesta más democrática al cambio climático, asegurando la acción climática y mandando señales positivas al sector privado. Como el ex presidente chileno Ricardo Lagos señaló, una coordinada campaña legislativa debería ser vista como un pre-requisito esencial para el desarrollo sustentable de la región. Tras el ajetreado ciclo de elecciones del 2014, las nuevas administraciones en Colombia, Costa Rica, Uruguay, Brasil y Bolivia deberían trabajar con otros partidos políticos y la sociedad civil para generar avances en la legislación climática. Este proceso no debería ser sólo sobre simplemente crear legislación por crearla, sino para reforzar la arquitectura legal en las naciones para facilitar la transformación hacia economías prósperas, resilientes y de bajas emisiones.

La importancia de las INDCs
La conferencia de Lima aseguró un acuerdo importante sobre las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDCs por sus siglas en inglés) de los países, las cuales detallan los compromisos que éstos tomarán en relación a la reducción de emisiones, adaptación a impactos, y apoyo a las acciones de países en vías de desarrollo con financiamiento, asistencia y transferencia tecnológica. Las INDCs serán uno de los pilares centrales del nuevo acuerdo, y servirán como los planes nacionales de acción climática de los países que éstos están “invitados” a presentar a más tardar en marzo. El World Resources Institute dice que las INDCs combinan un sistema de abajo hacia arriba (en el cual los países presentan sus contribuciones de acuerdo a sus prioridades nacionales, circunstancias y capacidades) con un sistema de arriba hacia abajo (en el cual los países buscan reducir las emisiones globales para limitar el aumento promedio de temperatura global a dos grados). Ya que las INDCs cubren una amplia gama de temas de reducción de emisiones y medidas de adaptación, podrían conducir a cambios significativos y transversales en las economías nacionales, especialmente en los sectores intensivos en carbono. Este tipo de contribuciones climáticas podrían estar integradas con metas para reducir la pobreza y desigualdad, mandando señales al sector privado para invertir en estos esfuerzos.

Desarrollar y evaluar las INDCs tiene el potencial de ser un proceso transformativo para aumentar la acción climática a partir del 2020 y asegurar progreso en el camino. Como Christiana Figueres, jefa de la CMNUCC, dijo en Lima, las INDCs son una gran oportunidad para planear el futuro bajo en carbono de un país. Muchos países latinoamericanos ya han declarado sus compromisos de reducciones voluntarias pre-2020, así que no están empezando desde cero. La implementación exitosa de estas políticas desde ahora hasta el 2020 es crucial para generar las condiciones necesarias para objetivos ambiciosos en la próxima ronda, los cuales probablemente serán negociados cada cinco años. Por ese motivo, las INDCs pueden ser medios importantes para promover políticas coherentes entre ahora y después del 2020. También son clave para conectar las aisladas y a veces abstractas negociaciones climáticas de la ONU con decisiones nacionales sobre el cambio climático. Además, en el caso de Latinoamérica, algunos países comparten características similares en términos de la proveniencia de sus emisiones y su vulnerabilidad frente a impactos climáticos, por lo cual las INDCs podrían ser una manera útil de incrementar la cooperación entre países.

Para que las INDCs sean exitosas, sin embargo, se necesitan consultas públicas cuidadosamente manejadas para democratizar el debate climático en Latinoamérica. La decisión de Chile de lanzar una consulta pública apoyando el diseño de su INDC el 17 de diciembre (llevándose a cabo hasta el 31 de marzo) es un paso elogiable. El objetivo principal es recibir aportes, observaciones y propuestas de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la sociedad civil, académicos y el sector privado, para mejorar la propuesta de INDC de Chile. Una vez completada, la contribución nacional será presentada al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático con el propósito de llevarla a la CMNUCC para finales de junio 2015. Otros países latinoamericanos y otros alrededor del mundo deberían seguir este importante ejemplo.

La sociedad civil de América Latina deja su huella en Lima
El gran número de eventos y reuniones en Lima durante la COP20, tanto dentro como fuera de la sede oficial fue asombroso. En comparación con las COPs anteriores, incluyendo la COP16 en Cancún, México, el número y la calidad sin precedentes de los eventos con enfoque en América Latina reflejan el alto nivel de actividad en el tema de cambio climático en la región.
El 10 de diciembre, decenas de miles de personas salieron a las contaminadas calles de Lima a la marcha mundial en defensa de la Madre Tierra. La marcha fue la marcha climática más grande de América Latina, contando con 15,000 personas. Pueblos indígenas, sindicalistas, grupos de mujeres, estudiantes y activistas globales se unieron para llamar a la acción no solo en materia de cambio climático, sino también para la protección de activistas ambientales en la región que han sufrido de acoso y violencia.
Durante el transcurso de 12 días, el espacio organizado por el gobierno peruano denominado “Voces por el clima” vio alrededor de 80,000 visitantes pasar por sus puertas. El espacio fue dedicado a exhibir propuestas e iniciativas sobre el cambio climático relacionadas con las cinco áreas de la agenda climática del Perú: bosques, montañas y agua, océanos, energía y ciudades sostenibles.
Entre bastidores, el equipo de la Presidencia peruana de la COP20 se reunió activamente con la sociedad civil mientras se preparaba para ser el anfitrión de la COP. Esto quizás no es sorprendente ya que el Presidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal, fue previamente el director de uno de las principales organizaciones ambientales de Perú, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Sin embargo, es muestra importante de como actores no estatales están trabajando a un alto nivel con el gobierno, y de cómo algunos gobiernos están a su vez solicitando su aporte y apoyo. Durante la COP, la delegación mexicana invitó a grupos de la sociedad civil a una sesión informativa sobre las negociaciones y la participación de México. La sesión fue atendida por más de 30 representantes de la sociedad civil y la mayoría de la delegación mexicana, siendo así un ejercicio útil para fomentar el diálogo y la transparencia.
A pesar de estos ejemplos positivos, hubo varias instancias que nos recordamos acerca de los peligros y dificultades que enfrentan los grupos de la sociedad civil y los ciudadanos que trabajan en cuestiones de cambio climático y medio ambiente. Durante la COP20, algunas de las esposas de líderes indígenas del Amazonas del Perú que fueron asesinados tuvieron una demostración y una conferencia de prensa demandando justicia y que el gobierno hiciera más para proteger sus tierras. The Guardian había reportado que el activista contra la tala ilegal Edwin Chota y otros cuatro líderes indígenas Asháninka habían sido asesinados el pasado septiembre por tratar de asegurar un territorio para su comunidad.
Mientras tanto, autoridades en Ecuador detuvieron en varias ocasionas a un grupo de activistas que iban a la COP20 y eventualmente retuvieron su bus. Los activistas del grupo Yasunidos iban a Lima para protestar en contra de la decisión de extraer petróleo de las reservas en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. De acuerdo con los activistas, fueron detenidos porque el Presidente de Ecuador Rafael Correa “quería evitar protestas eventualmente embarazosas” en Lima. A su vez, oficiales del gobierno en Ecuador dijeron que pararon el bus debido a que el conductor tenía la documentación incorrecta. La ironía de esta situación lamentable fue que este incidente y otro en el que Ecuador decidió negarle a parlamentarios alemanes el permiso para visitar el Parque Nacional Yasuní dominaron las discusiones sobre la participación de Ecuador en la COP.
En un evento sobre centros de investigación de América Latina y el Caribe, un pequeño grupo de organizaciones discutieron sus perspectivas sobre Paris 2015. Lo que fue realmente sorprendente acerca del evento fue que solamente organizaciones especializadas en cuestiones ambientales o climáticas estuvieron presentes; ni un solo centro de investigación peruano que trabaje en cuestiones nacionales de economía o desarrollo participó en el evento. La participación de centros de investigación de América Latina que trabajan en temas sobre economía y desarrollo es vital para el debate climático en la región, y esto es todavía un obstáculo para el 2015. Estas organizaciones tienen perspectivas vitales e ideas que contribuir, especialmente sobre el proceso político y debates nacionales sobre desarrollo. Como demostró la COP20, estos centros de investigación en América Latina no están lo suficientemente involucrados en el proceso climático y de debate. Con el proceso de las INDCs ya en curso y la fecha límite de Paris acercándose rápidamente, estos centros de investigación pueden jugar un rol importante en desarrollar nuevas narrativas domésticas que combinen objetivos de clima y desarrollo.
En Lima tuvimos la oportunidad de conocer a la única representante de la sociedad civil venezolana que atendió la COP20. María Eugenia Rinaudo estaba trabajando como parte del grupo Adopt a Negotiator, el cual por primera vez tuvo un miembro de la sociedad civil de Venezuela haciéndole seguimiento a la delegación venezolana. El equipo apoyo a Rinaudo a atender la COP; ella no recibió ningún financiamiento del gobierno. Es lamentable que a pesar de que Venezuela hubiese gastado una suma considerable para organizar y ser anfitrión de la “Pre-COP Social” – la cual incluyó financiamiento para los gastos de viaje internacional ida y vuelta a Venezuela de representantes de ONGs globales – el país no puedo hacer nada para apoyar mayor participación de miembros de ONGs nacionales en la COP20. Mirando hacia delante una prioridad para Venezuela debe ser trabajar con grupos de la sociedad civil nacional para desarrollar una INDC que construya un plan nacional de acción climática con objetivos de reducción de emisiones comprensivos y planes de adaptación nacionales que complementen sus objetivos de reducir la pobreza y la desigualdad.
¿Una voz o muchas?
Todos los gobiernos de América Latina están de acuerdo que el cambio climático es un problema grave y están unidos en ver a la CMNUCC como el mecanismo principal para encontrar una solución global. Sin embargo, la región está tan fragmentada sobre los detalles de cómo manejar el asunto que sería un error llamar el evento como “la COP latinoamericana”.

América Latina no tiende a hablar con una sola voz sobre el cambio climático y tampoco adopta una posición en común de la forma como la Unión Europea lo hace durante las negociaciones climáticas. En cambio, los países en la región son parte de una increíble variedad de grupos y bloques como BASIC, ALBA, AILAC, SICA y AOSIS. La división en las negociaciones sobre el clima de la ONU es un reflejo de las diferencias más generales en las políticas externas y la integración regional de proyectos en la región. Grupos de integración comercial regional como el ALBA, MERCOSUR y la Alianza del Pacífico tienen distintos puntos de vista sobre el rol de los gobiernos y la forma en que el mercado y el comercio deberían funcionar. Estas diferencias se extienden hasta las negociaciones climáticas donde los países del ALBA como Venezuela y Bolivia han tomado fuertes posiciones en contra de los mercados de carbono, mientras que países en la Alianza del Pacífico (que coincide con AILAC) han estado a favor de ellos y han tratado de maximizar sus retornos.
En una intervención sin precedentes en la COP20, Costa Rica como el presidente pro tempore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribeños (CELAC) dio una declaración en nombre de su comunidad. El énfasis de la intervención fue en la necesidad de adaptarse a los impactos climáticos. Esta declaración fue alentadora dada la vulnerabilidad a los impactos del clima que tienen en común los países latinoamericanos. La declaración también resaltó el compromiso de CELAC con la CMNUCC y su apoyo a un acuerdo jurídicamente vinculante en Paris. Por último, la declaración reflejó el compromiso de la región a los esfuerzos globales de mantener el incremento de temperatura por debajo de 2 grados centígrados para el final de este siglo.
De acuerdo con Waldemar Coutts del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la declaración de CELAC fue el resultado de un esfuerzo diplomático entre Brasil y Chile, con el apoyo de Perú como presidente de la COP20 y la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). La iniciativa de Chile y Brasil se ha enfocado en establecer diálogos sobre cambio climático entre países latinoamericanos y caribeños para así fomentar confianza y entendimiento entre éstos en base a valores e identidades comunes y para fortalecer la contribución de la región a las negociaciones de la ONU sobre el clima.
Sin embargo, a pesar de la importancia de esta declaración política conjunta de CELAC, el nivel de fragmentación en la región se demostró en Lima. A medida de que el borrador del texto se circulaba durante las negociaciones, había una división clara entre aquellos países de América Latina a favor de los borradores – como Brasil, México y los miembros de AILAC – y aquellos que se oponían, como los miembros del ALBA, Paraguay y el Salvador.
En otra acción sin precedentes, los presidentes del bloque de comercio de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Perú y Colombia) presentaron la Declaración de la Alianza del Pacífico sobre el cambio climático. La declaración subraya que el cambio climático es uno de los retos globales más grandes que requiere acciones concretas por parte de todos los países. Esto es importante ya que es la primera vez que los líderes de las naciones que conforman la Alianza del Pacífico han hecho una declaración como esta sobre el tema. Además, dado que los países de la Alianza del Pacífico pertenecen a diferentes grupos (el Grupo de Integridad Ambiental y AILAC) en las negociaciones sobre clima de la ONU, la declaración es una señal positiva que estos países continúan siendo aliados cercanos y que con suerte, harán más en materia de cambio climático dentro de su acuerdo comercial. El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos declaró “... nos unimos porque tenemos unas visiones compartidas, tenemos unos objetivos similares. Uno de esos objetivos, la presencia nuestra es una manifestación clara de ese propósito, es poder hablar como una sola voz y actuar en este tema tan trascendental, como es qué hacemos con el cambio climático, qué acciones vamos a tomar”.
En la XIII Cumbre del ALBA, que tuvo lugar en la Habana en diciembre al mismo tiempo que la COP, líderes promovieron la propuesta de Bolivia de organizar una conferencia sobre cambio climático para los movimientos sociales. La reunión está programada en septiembre u octubre y tendría como objetivo establecer propuestas para llevar a la conferencia en Paris., “Aquí hay una responsabilidad muy importante para nosotros, frente a un fracaso en Lima sobre el cambio climático, como desde nuestros ministerios del medio ambiente gestar una propuesta, trabajar a este nivel y proponer a un encuentro mundial de los movimientos sociales y ésa que sea la propuesta para salvar la vida y la humanidad”, afirmó el presidente de Bolivia Evo Morales.
Con el comienzo de este nuevo año crítico para el cambio climático, es un momento importante para reflexionar sobre lo que la fragmentación de América Latina en este tema implica para asegurar acción climática robusta y colaboración en la región.
Teniendo en cuenta la diversidad de proyectos de integración regional, las iniciativas sobre el comercio latinoamericanas continuaran influyendo agendas climáticas nacionales y sub-regionales, tal y como lo hemos visto con la Alianza del Pacífico y ALBA. Con varias cumbres este año en China, Costa Rica y Europa, los intentos de continuar diálogos sobre el clima dentro de la CELAC probablemente continuaran. Estos proyectos regionales siguen su propia lógica, pero eso no significa que no puedan complementar y beneficiar la acción climática en general. Sin embargo, la CELAC se enfrenta a un reto en particular, asegurar que declaraciones políticas ambiciosas puedan en realidad lograr resultados para garantizar mayor convergencia de posiciones en las Naciones Unidas. CELAC tiene aún que crear una iniciativa específica sobre cambio climático, una que podría impulsar la acción climática y crear confianza entre sus miembros.
La diversidad de América Latina es vista por algunos como una fortaleza y no una debilidad dada la gama de respuestas al cambio climático. La falta de una voz en común permite que temas principales sigan siendo discutidos en la mesa de negociación. Al no adoptar una posición única, los países de América Latina han tenido la flexibilidad de acercarse a otros países más allá de la región con posiciones similares, lo cual les permite influenciar el debate internacional de manera importante.
Otros observadores sugieren que una región que habla con tan diferentes voces pierde atención a la expensa de aquellos que se unifican y amplifican un solo mensaje. Ciertamente, algunos de los riesgos que América Latina comparte en vulnerabilidad a impactos climáticos se podrían abordar con más eficacia en conjunto. Un lugar donde se podría empezar seria en mejorar la cooperación regional en planes de adaptación y en promover energía renovable. Esta cooperación podría tener beneficios reales para construir acción climática, mejorar la confianza entre países y tener un efecto positivo en la creación de posiciones comunes en las negociaciones del clima. Nuestro libro sobre la política de cambio climático en América Latina, que será publicado por MIT Press en este año, examina esta cuestión.

Hacia Paris y más allá
Mientras comienza este año de altibajos en materia de cambio climático y antes de las negociaciones en Paris, dos cosas claves tienen que pasar. Primero, los países latinoamericanos tienen que desarrollar una INDC robusta que puedan poner en marcha un cambio hacia economías bajas en carbono, prósperas y resilientes. La eficiencia energética y la inversión en renovables pueden estar ligadas a la mitigación de riesgo de desastres, planeación de resiliencia urbana y la construcción de sistemas masivos de transporte público. El aporte de la sociedad civil, en especial con relación al desarrollo de las INDCs es esencial. Segundo, para incrementar las posibilidades de que un acuerdo ambicioso, equitativo y justo salga de París, todos los países latinoamericanos (y otros alrededor del mundo) deben desempeñar un papel constructivo y proactivo en las múltiples sesiones de negociación a lo largo del año que culminarán en París.
La comunidad internacional necesita líderes detrás del cambio climático en el 2015. América Latina tiene algunos candidatos incluyendo los presidentes de Perú, Chile o Colombia. Sin embargo, a pesar del progreso que se ha logrado en la región, todavía existe una brecha grande entre la retórica climática de líderes y lo que realmente está pasando a nivel nacional. Cerrar esta brecha para asegurar que las políticas climáticas sean implementadas y avanzadas es un gran reto que marcará la diferencia en Paris.
La conferencia en Lima demostró cómo los países latinoamericanos están intentando ser parte de una solución global al cambio climático. En un mundo que sube de temperatura rápidamente, estos desempeños proactivos se necesitan con urgencia, pero solo si la retórica es correspondida con acción real. Ya que la región sólo contribuye aproximadamente el 9 por ciento de las emisiones globales, su habilidad de tener un mayor impacto en reducir las emisiones a nivel global es menor que la de grandes emisores como China o Estados Unidos. A pesar de ser actores medianos, las acciones de la región y la voluntad política para reducirlas siguen siendo importantes ya que todos los países deben presentar sus contribuciones nacionales.
Los países latinoamericanos tendrán un papel fundamental en determinar si el acuerdo en Paris es ambicioso o débil. Tras una COP exitosa en la región en el 2014, los países de América Latina no pueden dormirse en los laureles; pero deben seguir impulsando un acuerdo ambicioso en Paris mientras utilizan sus INDCs para crear economías bajas en carbono, resilientes y prósperas a nivel nacional.

Guy Edwards es investigador y co-director del Laboratorio de Clima y Desarrollo (CDL) en el Instituto del Medio Ambiente y la Sociedad de la Universidad de Brown.
Timmons Roberts es co-director del Laboratorio de Clima y Desarrollo (CDL) y ocupa la cátedra Ittleson de Estudios Medioambientales y Sociología en el Instituto del Medio Ambiente y la Sociedad de la Universidad de Brown.

Los autores agradecen Camila Bustos y Ximena Carranza Risco de la Universidad de Brown por la traducción del artículo.

El artículo fue publicado originalmente en la página web del Brookings Institution.

La cooperación entre China y Latinoamérica debe intentar y resolver los problemas medioambientales

La interacción económica y política con China y Latinoamérica será una fuerza decisiva para esta década y, podría decirse, para este siglo; una tendencia que fue reconocida en la cooperación más cercana anunciada la semana pasada en el Foro China-CELAC en Beijing.
En la reunión, adonde asistieron varios líderes latinoamericanos, el presidente chino Xi Jinping se comprometió a inyectar US$250 mil millones en inversiones en la región durante los próximos 10 años y acordó cooperar de forma más cercana en áreas importantes, como energía, comercio y economía.
El punto medio entre China y Latinoamérica es imperativo porque los países necesitan entregar soluciones innovadoras en relación al desarrollo para una población en expansión que tiene mayores expectativas.
Ya sea se trate de Tianjin o Lima, los ciudadanos cada vez comparten más aspiraciones similares: vivir en una ciudad cuya calidad del agua o del aire no los mate prematuramente.
Al tomar decisiones equívocas en torno a la urbanización tanto en Latinoamérica como en China, los gobiernos experimentarán cada vez más reacciones molestas entre los ciudadanos si la contaminación, los embotellamientos de tráfico y la escasez del agua empeoran.
No obstante, si emerge un desarrollo nuevo y sostenible desde esta nueva avenida de la cooperación, entonces la escala del impacto no tendría precedentes y cambiaría el estilo de vida de cientos de millones de ciudadanos.
La historia de vínculos más cercanos es sin duda, atractiva para muchos. Sin embargo, la realidad básicamente hace un llamado a la prudencia. Los proyectos específicos que el China-CELAC va a promover podrían determinar si los ciudadanos chinos y latinoamericanos se van a beneficiar de un mejor desarrollo y de estándares más elevados de vida. O talvez no.
Los anuncios iniciales en el foro no fueron inmediatamente alentadores y descuidaban algunos de los temas de desarrollo más urgentes en la región.
A medida que la segunda economía del mundo lucha por superar a los EE.UU., China está hambrienta de recursos. Ya de por sí, miles de millones de dólares están vertiéndose a Latinoamérica a cambio de petróleo venezolano, soya argentina y brasilera, y cobre peruano y chileno. China se ha convertido en el segundo mayor socio comercial de la región y en la tercera mayor fuente de inversión.
Pero Latinoamérica no está creciendo tan rápido como hasta hace unos cuantos años, aumentando la importancia de compromisos de la inversión extranjera y apuntando a aumentar el volumen del comercio entre la asociación de US$500 mil millones.
Así que esta atención cada vez más intensa de China debe cumplirse con una claridad de propósito.
Energía, transporte y agua
Tres áreas principales: energía de bajo carbono, transporte sostenible y desarrollo urbano, y conservación de agua, deben integrarse explícitamente.
La energía limpia ha sido un gran potencial a lo largo de Latinoamérica; la región se considera “una de las grandes fronteras para la inversión en energía limpia”. De 2006 a 2013, Latinoamérica atrajo un acumulado de US$132 mil millones (US$93,4 mil millones de los cuales fueron a parar a la construcción de nuevos proyectos).
China representará casi el 40% de la expansión global del lanzamiento de la capacidad de energía renovable. Entre 2003 y 2011, la generación de electricidad renovable aumentó en casi 12%, mientras que la tendencia global fue de solo 5%. El Foro China-CELAC necesita acelerar la marcha de esta transición de energía y no ser un obstáculo. Sería un error anclar esta plataforma a los combustibles fósiles contaminantes.
Sin embargo, los foros China-CELAC para la energía y la tecnología, anunciado por el jefe de estado de Ecuador, Rafael Correa, podría entregar algunos resultados sobre energía de bajo carbono para septiembre.
China añadirá un estimado de 350 millones de residentes a sus ciudades en los próximos 20 años. El Gobierno ya se enfrenta a una protesta pública debido a la contaminación atmosférica, lo que se está traduciendo en protestas medioambientales (han crecido en promedio un 29% cada año y el número aumentó en 120% de 2010 a 2011). Latinoamérica también se está enfrentando a grandes desafíos a medida que cada vez más parte de la población migra hacia las ciudades. El Foro podría ofrecer una plataforma colaborativa en torno a la planificación urbana a largo plazo y las ciudades de bajo carbono y transporte limpio. Otra cuestión es ver si se incluye dentro del Foro los planes para construir un tren entre Perú y Brasil. Elegir esto por votación colectiva dentro del China-CELAC tendría sentido.
A medida que China trata de resolver sus crisis crónicas de agua y Latinoamérica lucha contra laescasez de agua que cada vez empeora más, el Foro China-CELAC podría insertar la conservación de este recurso tan esencial y acelerar las soluciones a un problema que afectará a los gobiernos, las personas y los comercios por igual. También podría crear consciencia sobre los vínculos entre el agua, los alimentos y la energía.
Capturando la oportunidad
Latinoamérica está más democrática y urbana que nunca antes. Esta década, la región debe trabajar en base a las victorias ganadas con esfuerzo: una clase media más grande, menos pobreza extrema y estabilidad política, para poder entregar prosperidad a una gran mayoría de latinoamericanos.
En la actualidad, la región debe hacer elecciones críticas que ataquen algunos problemas fundamentales. Tomemos por ejemplo, la urbanización. Latinoamérica tiene el mayor porcentaje del mundo de personas que viven en las ciudades, el 80%, y hoy en día nuestras ciudades no están preparadas para tal propósito. Los países latinoamericanos necesitan llegar a nuevos consensos nacionales en cuanto a las inversiones privadas y públicas en infraestructura: ¿Qué tipos de energía potenciarían los hogares, los edificios y las fábricas? ¿Cómo deberían expandirse las ciudades y modernizarse las ciudades urbanas existentes? ¿Cómo usar nuestros recursos naturales con el paso del tiempo?
Los gobiernos y el sector privado (exportadores, importadores, el turismo) deben resistirse a la lógica de que “todo puede ser” que a menudo se ve cuando las decisiones solo toman en cuenta los resultados a corto plazo. Cada país debe definir de internamente las estrategias a largo plazo para que la energía, la infraestructura de transporte y las ciudades puedan alcanzar de la mejor forma los objetivos a nivel nacional. El punto es el siguiente: China sabe lo que quiere de Latinoamérica: recursos, influencias, aliados, pero, ¿acaso sabe la región lo que quiere de China?

El artículo fue publicado originalmente en la página web de “Diálogo Chino”

Campaña CRECE Latinoamérica y Caribe
Margaux Boffi
OXFAM

Del 1 al 12 de diciembre 2014 pasado se celebró en Lima, Perú, la veinteava sesión de la Conferencia de las Partes (COP20) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En virtud de la Convención, todas las Partes tienen responsabilidades comunes, aunque diferenciadas, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptarse a los efectos del cambio climático. En el marco de este evento, Oxfam quiso recordar a los Estados Partes el alto precio a pagar como consecuencia del cambio climático, y dejar en claro que los países de América Latina ya están sufriendo frente a los efectos del cambio climático.
Sin embargo, el cambio climático nos afecta a todos en diferente manera y la discriminación de género hace a las mujeres más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático[1]. Esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres campesinas e indígenas, cuyas condiciones de vida y marginalización las exponen en mayor grado. Así, en América Latina, el 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años no tienen ingresos propios y solamente poseen el 30% de las tierras agrícolas (FAO). Su acceso a los servicios financieros que les permitieran adquirir tierras de mayor tamaño o calidad está muy restringido. Según la FAO, solamente el 7% del total de inversión agrícola fue otorgado a las mujeres que trabajan en el sector agropecuario. También tienen menor acceso al trabajo y a la educación[2].
Esta es la razón por la cual no podemos, como una sociedad, adaptarnos eficazmente a los efectos del cambio climático, sin tener una política inclusiva con un verdadero enfoque de género. Esto es especialmente importante, porque las mujeres no solamente son afectadas por los efectos del cambio climático, sino también son parte de la solución. En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, ya se había reconocido que “la función de la mujer en la creación de modalidades de consumo y producción sostenibles y ecológicamente racionales y de métodos para la ordenación de los recursos naturales es sumamente importante”. Sin embargo, hasta la fecha, faltan legislaciones sobre adaptación al cambio climático con enfoque de género.
En Octubre del 2014, se inició un proceso de consulta de las mujeres campesinas de América Latina para determinar sus principales demandas y detallarlas en una agenda. En este sentido, tres foros fueron organizados en México, Centroamérica y Suramérica. En ellos participaron mujeres de varios países de la región: México, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú. La Agenda, en la cual las mujeres rurales, indígenas y campesinas participantes exigen a los Gobiernos de la región reunidos en la COP20, que tomen acuerdos vinculantes y acciones urgentes e inmediatas para enfrentar los impactos del cambio climático, incluyendo estrategias diferenciadas entre hombre y mujeres rurales, fue presentada en Lima el 19 de Diciembre frente a representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
Lamentablemente, en la COP20, la perspectiva de género ha sido dejada en gran parte de lado y, aunque los derechos humanos y la equidad de género fueron incluidos en el preámbulo del borrador para el futuro “acuerdo climático” a ser adoptado en la COP21, la referencia es demasiada limitada. La próxima COP21 de Paris será un momento clave en el cual se decidirá de la forma y de los recursos que serán atribuidos a la lucha y adaptación al cambio climático. Si queremos una acción realmente eficaz, la temática de género no puede ser excluida de estas negociaciones.

[1] Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “las mujeres están especialmente expuestas a los riesgos relacionados con el cambio climático debido a la discriminación de género, las desigualdades y los roles de género que las inhiben”.

[2] Dos terceras partes de los adultos analfabetos del mundo son mujeres.