Dueños, ejecutivos y gerentes de algunas empresas prominentes participaron activamente en violaciones a los derechos humanos de trabajadores y trabajadoras en la última dictadura argentina (1976-1983), según las evidencias presentadas en el nuevo informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”. 

Esta investigación publicada en dos tomos es parte del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, que empezó con el Juicio a las Juntas Militares en 1985 y el informe Nunca más e incluyó a los Juicios por la Verdad realizados cuando las leyes de impunidad y los indultos presidenciales impedían la sanción penal. Una vez que estas amnistías fueron definitivamente dejadas sin efecto en 2005, cientos de causas judiciales fueron reabiertas o iniciadas. En algunos casos se investiga la responsabilidad de civiles – funcionarios judiciales, del clero y cuadros empresariales, entre otros – en los crímenes de lesa humanidad.

En las 25 empresas estudiadas en el informe se identificaron casi 900 víctimas del terrorismo de Estado, 354 de las cuales fueron desaparecidas y 65 asesinadas. La mayoría de las víctimas eran trabajadores y ex trabajadores, participantes de los procesos de conflicto y organización obrera. Las empresas investigadas, de distintas ramas productivas y ubicadas en diferentes regiones del país, incluyen filiales de corporaciones internacionales como FIAT, Ford Motor Company y Mercedes-Benz y empresas argentinas como Acindar, Dálmine-Siderca, Ingenio Ledesma, Molinos Río de la Plata y La Veloz del Norte, entre otras. Hoy casi todas las empresas abarcadas en el informe están siendo investigadas por el Poder Judicial, con distintos tipos de estado y alcance de las causas.

La variante más extrema de la militarización de los establecimientos laborales durante la dictadura fue la instalación de centros clandestinos de detención y tortura dentro de los espacios de trabajo. También hay pruebas de que algunos directivos empresarios estuvieron presentes en el secuestro, cautiverio y tortura de los trabajadores. Mucho más comunes eran los operativos de gran despliegue de efectivos y de fuerza en los predios fabriles. Algunos cuadros empresariales hicieron convocatorias explícitas a la intervención militar y proveyeron apoyo logístico y/o financiero. Estas prácticas de articulación en la represión a trabajadores, tanto por sus características como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado, constituyen violaciones a los derechos humanos.

El informe sobre responsabilidad empresarial fue elaborado por el CELS, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Fue presentado el 3 de diciembre en Buenos Aires, una semana después de que el Congreso nacional creara una comisión bicameral para investigar las complicidades económicas y financieras durante la dictadura, iniciativa apoyada por cinco expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellos, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La responsabilidad de los actores económicos en violaciones de derechos ha sido motivo de preocupación y discusiones en distintos foros internacionales. Recientemente se ha iniciado el proceso de elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante (A/HRC/26/L.22/Rev.1) para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con una primera sesión en julio pasado del Grupo de Trabajo intergubernamental establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

 

Owners, executives and managers of some prominent companies actively participated in the human rights violations committed against workers during Argentina’s 1976-1983 dictatorship, according to evidence set forth in the newly published study “Business responsibility in crimes against humanity: The repression of workers during state terrorism.”

This two-volume report (available in Spanish) is part of the memory, truth and justice process in Argentina, which began with the 1985 trial of the military juntas and the Nunca Más report and included the innovation of Truth Trials when amnesty laws and presidential pardons stymied criminal prosecution. Once the amnesties were definitively scrapped in 2005, hundreds of judicial investigations and trials were reopened or launched. This included probes into the responsibility of civilians – judicial officials, clergy members and company executives, among others – in these crimes against humanity.

Nearly 900 victims of state terrorism were identified in the 25 companies researched in the report, 354 of whom were forcibly disappeared and 65 of whom were murdered. The majority of victims were workers and ex-workers of these same companies who participated in processes of conflict and labor organization. The companies under study cut across sectors and regions of the country and include units of international corporations such as FIAT, Ford Motor Company and Mercedes-Benz and Argentine companies such as Acindar, Dálmine-Siderca, Ingenio Ledesma, Molinos Río de la Plata and La Veloz del Norte. Today almost all of these firms face judicial investigation or proceedings, at varying stages of progress.

The most extreme manifestation of the widespread militarization of work spaces during the dictatorship was the installation of clandestine detention and torture centers on company premises. There is also evidence that some company executives were present during the abduction, captivity and torture of workers. More common was the vast deployment of military and security forces on factory grounds; some corporate officials explicitly sought this military intervention and provided logistical and/or financial support. These types of coordination to repress workers, on their own merit and in the context of state terrorism, constitute human rights violations.

The report on business responsibility was prepared by CELS, the Area of Economy and Technology of the Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO-Argentina), and the Truth and Justice Program and Human Rights Secretariat – both of which belong to the Argentine Ministry of Justice and Human Rights.

The research was presented on December 3 in Buenos Aires, one week after the national Congress created a bicameral commission to investigate economic and financial complicity with the dictatorship – a move backed by five human rights experts from the United Nations, among them the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence.

The responsibility of economic actors in rights violations has been the focus of concern and debate in numerous international forums. The process to elaborate an international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights began recently, with the intergovernmental Working Group that was established by the UN Human Rights Council holding its first session last July.